La licencia equivocada que dio el Ayuntamiento de Manacor en el Parking del Principal puede terminar muy mal para los intereses municipales y para las arcas públicas locales. Además del gasto que está suponiendo la demolición de dos plantas completas, otra media, y rampas, ascensor, terrazas, etc, ahora la Corporación debe pleitear con la promotora del Parking NACORMA, con quienes han perdido su estacionamiento (entorno a las 50 plazas) y con la comunidad de propietarios del inmueble (quedan 250 aparcamientos), por daños y perjuicios.

El próximo lunes está previsto que pongan tres demandas en los juzgados contra el Ayuntamiento de Manacor, una a cargo de la promotora del parking porque fue el Ayuntamiento quién dio la licencia mal y debe asumir los gastos de la pérdida de parte del inmueble y los estacionamientos.

Otra demanda la interponen quienes han perdido el estacionamiento y que no son culpables de nada, y la tercera la Junta de Propietarios (el resto de los dueños de los 250 estacionamientos restantes) porque con la demolición tienen que hacer un nuevo proyecto y hacer obras para rehabilitar el estacionamiento y el edificio resultante y otros perjuicios añadidos por las obras.

El conflicto nace en 1969 cuando demolido el antiguo Teatro Principal, los propietarios solicitaron al Consistorio una licencia de obras para construir tres plantas de aparcamientos subterráneos y cuatro en superficie, total 7. Diversos problemas económicos obligaron a parar a medio camino. Después en 1980, la Sala aprobó las NNSS que limitaban a dos las alturas del crecimiento de fincas de la calle Amistat, donde se sitúa el parking.

En 1990, el grupo de inversores pidió al Consistorio permiso para finalizar el proyecto redactado veinte años atrás. No hubo impedimentos y los aparcamientos concluyeron. Una vecina afectada por los ruidos y la falta de luz por el crecimiento del inmueble, denunció al Ayuntamiento por la concesión ilegal de la nueva licencia.

Y el juzgado dictó sentencia inapelable en 2014. Hay que cumplirlo urgente, llegan las denuncias al alcalde y lo dice el juez. Una herencia envenenada para el Pacte de Miquel Oliver, los mismos partidos que estaban en la legislatura de 1987 a 1991 cuando ocurrieron los hechos.

Habrá que valorar lo que valen los estacionamientos que han desaparecido, las nuevas obras para que el edificio sea operativo, plan de seguridad y se pongan los servicios necesarios. Al no haber rampas habrá que poner un ascensor para coches. Arreglar el inmueble. Pagar las obras de la demolición. Indemnizar los daños y perjuicios.

Todo eso sumado puede significar unos costes importantes y será el juzgado quién especifique la cantidad, una vez que los técnicos hagan números. Seguramente no bastará con 1 millón de euros, eso nos asegura un experto.